El pasado 27 de marzo el CGE, Consejo General de Economistas de España, a través de sus economistas de REFOR (Registro de Economistas Forenses), han solicitado la ampliación de la Segunda Oportunidad por el COVID-19 para las personas físicas, autónomos y emprendedores bajo unas determinadas directrices para afrontar la crisis económica.
Los economistas advierten que son necesarias medidas “más profundas” para ayudar a todos los colectivos afectados por la crisis del coronavirus. Estos colectivos son más vulnerables y sufren en gran medida los cambios en la economía del país, estamos hablando de las startups, micropymes y pequeñas empresas.
El presidente del CGE, Valentín Pich se ha pronunciado sobre la ampliación de la Segunda Oportunidad por el COVID-19 diciendo: “Dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores. Incluir a las personas naturales con menos recursos, a las personas físicas empresarios y potenciar en estos momentos esta solución a la insolvencia podría favorecer una salida más airosa de la crisis para estos colectivos”.
Los economistas también están demandando los acuerdos de refinanciación para pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que estos acuerdos solamente se llevan a cabo en empresas grandes. Aunque puntualizan que para llevar a cabo este tipo de acuerdos es necesaria la colaboración de muchos otros colectivos como acreedores, bancos, entidades de crédito público, empresas, etc.
Tanto el AEP (Acuerdo Extrajudicial de Pagos) como la propuesta anticipada de convenio son mecanismos que están siendo poco utilizados por las empresas y consideran que serían una alternativa para afrontar la crisis del COVID-19.
Otra de las medidas que proponen es la de potenciar los Juzgados Mercantiles mediante la creación de gabinetes de crisis y facilitar la justicia telemática (LexNet) a través de la dotación de equipos preparados para la presentación electrónica de documentos en los juzgados para todos los administradores concursales en determinadas Comunidades Autónomas. Estos sistemas deberán estar coordinados en toda España, para gestionar casos de urgencia y para realizar trámites electrónicos a distancia.
Agilizar la publicación del texto refundido de la Ley Concursal y la mejora de la Directiva de Insolvencia: ampliación de acuerdos de refinanciación, reestructuración, mejora de la segunda oportunidad y limitación de privilegios del crédito público, son otra de las propuestas del Consejo General de Economistas de España.
Por otra parte, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, declara que tanto las soluciones preconcursales como los acuerdos de refinanciación establecidos en el Real Decreto 8/2020 ante la crisis del COVID-19, sean incluidos en la extensión de la moratoria de 2 meses desde que finalice el estado de alarma. Además puntualiza que la Directiva de Insolvencia permite incluso una extensión de hasta 12 meses de un posible blindaje en el preconcurso de acreedores, y así tratar de conseguir financiación sin que la empresa se declare en concurso.
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